4:27 pm - Miércoles Agosto 21, 2019

Ley “Ritalín”: así de simple

Claudio Nuñez
amanda cespedes

“Echamos de menos igual pasión y proactividad para defender a los niños que hoy ven gravemente conculcados sus derechos por nacer y crecer en territorios en manos del narcotráfico y de la violencia.  Echamos de menos el pensamiento crítico y la capacidad de información seria en quienes tienen el privilegio de influir en las políticas públicas”.

Texto escrito por Amanda Céspedes*

La Cámara de Diputados ha aprobado la modificación de la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención  en lo que respecta a prohibir que el ingreso y/o la permanencia  de un alumno en el sistema escolar estén condicionados al consumo de medicamentos para tratar problemas de conducta.

Si bien es muy positivo comprobar que la Comisión de Educación del Congreso se mantiene alerta frente a la grave problemática educacional y de salud de los niños, nos preocupa que tanto la redacción del proyecto de ley como la discusión que se ha generado en la sociedad civil muestran errores que pueden inducir a confusión, inquietud en las familias y en la toma de decisiones erradas.

En primer lugar, el Trastorno por Déficit Atencional no es un trastorno de conducta. Es una condición del desarrollo que obedece tanto a información genética como a factores ambientales; no constituye una patología, pero sí ofrece amplios frentes de vulnerabilidad a presentar psicopatología y otras condiciones mórbidas.

El 75% de los niños y adolescentes con TDA no presenta hiperactividad ni agresividad; son niños y adolescentes sanos, talentosos y creativos, pero la mayoría tiene dificultad para responder al desafío académico ( aprender con facilidad), son emocionalmente inmaduros y propensos a presentar trastornos ansiosos y anímicos .

El 25% restante está conformado por niños que tempranamente han sido dañados por la adversidad ambiental ( rupturas del apego, negligencia afectiva, maltrato, abuso y /o efectos pre y pos natales de toxinas como el plomo, arsénico, manganeso, etc.).  Estos niños sí presentan trastornos de conducta como impulsividad, agresividad y severa inquietud, desafiando día a día a los profesores en el aula.

Antes de atacar al magisterio, todos quienes se anticipan a emitir juicios como “los profesores los quieren tener empastillados” deberían pasar unos dos días en un aula de una escuela municipalizada intentando entregar lo mejor de sí.

En segundo lugar,  algunas de las características conductuales y cognitivas propias del TDA se presentan  en niños y adolescentes que no presentan TDA, pero que están afectados por numerosos factores, muchos de ellos propios de los cambios sociales actuales: niños y adolescentes que hacen un uso abusivo de las tecnologías digitales; que tienen  pésimos hábitos de vida (sueño, alimentación), que viven día a día en ambientes familiares y territoriales gravemente dañados (violencia intrafamiliar, barrial, comunal), etc. etc. y que ya presentan severos quiebres de su salud mental.  Estos niños son alumnos que llegan al aula dispersos, inquietos y sobrerreactivos.

En tercer lugar, el empleo de psicofármacos para el TDA  no es un tratamiento. Constituye una más de un conjunto de medidas de apoyo que debe aplicarse integralmente después de un riguroso diagnóstico. Cuando se le emplea con conocimientos y responsabilidad, colabora de modo efectivo a favorecer un mejor desempeño académico y a regular de mejor modo la ansiedad y la impulsividad.

Específicamente, el metilfenidato – que es el fármaco que le ha dado nombre a esta ley – está indicado para aquellos niños que no presentan hiperactividad ni trastornos conductuales; que son muy talentosos pero que no logran responder adecuadamente al desafío académico y, al tornarse ansiosos, presentan inquietud excesiva.

Los niños severamente hiperactivos, impulsivos y cuya conducta disruptiva genera constantes conflictos en el aula requieren otro abordaje multidisciplinario;  es preciso saber que Chile está al debe con todos ellos. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que este grupo de niños y adolescentes está abandonado a su suerte, sujeto a lo que los médicos y los profesores buenamente puedan aportar.

La redacción de esta modificación a la LGE no ha sido la adecuada; ha contribuido nuevamente a demonizar a la institución escuela, víctima constante de opiniones demoledoras que se difunden ávidamente por la prensa y redes sociales.

Los profesores no diagnostican, identifican los problemas de conducta y/o aprendizaje y sugieren tomar medidas al respecto. Esta identificación, en especial cuando es temprana, es clave para prevenir en forma oportuna.

Sostener que los profesores “quieren tener niños como fotos, empastillados”, y que su maldad llega al límite de exigir que los padres lleven el fármaco a la escuela para que ellos los administren al niño refleja un peligroso desconocimiento.

Algunos de los psicofármacos empleados en el TDA tienen 4 horas de acción, de modo que los niños que asisten en jornada escolar completa necesitan de una dosis adicional en la escuela.

Nos alegra que la Cámara de Diputados actúe, pero echamos de menos una real proactividad, en vez de reaccionar buscando culpables y demonizándolos;  los profesores en este país son héroes anónimos, obligados por el sistema  a  trabajar y mostrar resultados en condiciones muy adversas, como lo son aulas atestadas de alumnos, el exceso de fiscalizaciones, el énfasis en los resultados medidos por pruebas estandarizadas, etc.  Ellos no diagnostican. Los llamados a diagnosticar con responsabilidad y sensatez son los médicos, igualmente víctimas del sistema.

¿Cómo es posible que se obligue a los médicos especialistas a atender a un niño en apenas 15 minutos?  En ese lapso deben diagnosticar, decidir cuáles medidas de apoyo se habrán de aplicar e informar adecuadamente a la familia.

Aquí reside gran parte de los errores diagnósticos y de los sobrediagnósticos, y hasta ahora no hay una ley que dignifique la labor de los médicos en el sistema de atención pública y de Isapres.

 

Esta mal llamada “ley Ritalin” (peyorativo nombre, por no decir irrespetuoso), debería  haber sido redactada sobre la base de una información más acuciosa. Trasunta apasionamiento e incluso ligereza. Echamos de menos igual pasión y proactividad respecto a la grave situación de toxicidad – especialmente neurotoxicidad – que afecta a gran parte de la población infantil, y de la cual Puchuncaví, ( ¿quién habla hoy de Punchuncavi?)  es apenas la punta del iceberg, y que aporta una gran cantidad de trastornos severos de aprendizaje y conducta al ya agobiado sistema escolar público. Echamos de menos igual pasión y proactividad para defender a los niños que hoy ven gravemente conculcados sus derechos por nacer y crecer en territorios en manos del narcotráfico y de la violencia.  Echamos de menos el pensamiento crítico y la capacidad de información seria en quienes tienen el privilegio de influir en las políticas públicas.

 

*La Dra. Amanda Céspedes Calderón es neuropsiquiatra infantojuvenil de la Universidad de Chile con un Post Grado en la Universitá degli Studi de Turín, Italia.

Académica universitaria y escritora, actualmente es Directora del Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Educación y Salud Mental del Escolar y de la Editorial Calpe&Abyla.

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